La reforma fiscal que Morena puso sobre la mesa no es solo sobre pagar menos ISR
Autor: Gerardo Garza Castilla
La discusión empezó con una frase muy fácil de compartir: que quienes ganen menos de 20 mil pesos al mes dejen de pagar ISR...
La propuesta busca que trabajadores con ingresos de hasta 20 mil pesos mensuales no paguen Impuesto Sobre la Renta (ISR). Suena como una medida de alivio para millones de personas, pero abre una pregunta más profunda: cómo debe cobrar impuestos un país donde los trabajadores formales son los contribuyentes más fáciles de fiscalizar.
Si una persona trabaja, gana poco o apenas lo suficiente para sostener a su familia, el Estado no debería quitarle una parte de ese ingreso antes de que llegue a su cuenta.
Esa es la idea detrás de la iniciativa presentada el pasado 22 de abril de 2026 por la diputada federal Marybel Villegas Canché, de Morena: reconocer el “mínimo vital” y modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que los ingresos necesarios para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y otros gastos básicos no sean gravados.
El planteamiento tiene fuerza política porque conecta con una realidad evidente: en México, buena parte de los trabajadores vive con ingresos bajos, aun cuando tenga empleo formal, pero el debate público se ha reducido demasiado rápido a dos bandos.
De un lado, quienes presentan la propuesta como un acto de justicia social incuestionable. Del otro, quienes la describen como una amenaza fiscal o como una medida populista que puede desordenar las finanzas públicas.
La discusión seria está en medio.
Diputada federal Marybel Villegas Canché; de Morena
Qué propone realmente.
La iniciativa no plantea, al menos en su versión pública, desaparecer el ISR para todos los trabajadores ni eliminar el impuesto como fuente de ingresos del Estado.
Lo que propone es establecer un límite: que los ingresos considerados indispensables para la subsistencia no paguen ISR.
En términos prácticos, el umbral que se ha mencionado es de aproximadamente 20 mil pesos mensuales.
Eso significa que una persona con salario por debajo de ese nivel podría recibir más dinero neto cada quincena, porque ya no tendría la retención de ISR que hoy se descuenta desde la nómina.
La idea parte de un principio jurídico y fiscal conocido como mínimo vital: antes de exigir contribuciones, el Estado debe reconocer que una persona necesita conservar una base de ingreso para vivir con dignidad.
Ese principio no es nuevo en el debate constitucional. Lo nuevo es intentar traducirlo en una regla fiscal concreta para trabajadores asalariados.
Ahí empieza el problema técnico, porque una cosa es decir que el Estado debe proteger el ingreso básico de las personas, y otra muy distinta es definir cuánto vale ese ingreso, a quién aplica, cómo se actualiza, qué pasa con quienes ganan apenas por encima del umbral y cómo se compensa la pérdida de recaudación.
Por qué importa el ISR.
El ISR no es un impuesto menor; es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno federal.
Cada año, el Estado usa lo que recauda por ISR, IVA, IEPS y otros ingresos para financiar gasto público: pensiones, salud, educación, infraestructura, seguridad, programas sociales, deuda y operación del gobierno.
Por eso, cuando se propone que un grupo amplio de trabajadores deje de pagar ISR, la pregunta fiscal es inevitable: si ese dinero ya no entra por nómina, ¿de dónde va a salir?
Esa pregunta no invalida la propuesta, pero sí obliga a tomarla en serio.
Bajar la carga fiscal a trabajadores de ingresos bajos y medios puede ser una decisión defendible. El punto es que no puede presentarse como si fuera gratis, porque si el gobierno deja de cobrarle a un grupo, tiene que hacer una de cuatro cosas: gastar menos, endeudarse más, cobrarle más a otros, o recaudar mejor donde hoy hay evasión, elusión o privilegios.
La reforma, entonces, no se trata solo de “quitar ISR”. Se trata de decidir quién debe cargar con el financiamiento del Estado.
Trabajadores informales en Saltillo, Coahuila.
El trabajador formal: el contribuyente cautivo.
Una parte importante del argumento a favor de la propuesta está aquí: el trabajador formal casi no tiene margen para evadir.
Eso es una "desventaja", porque, a diferencia de las empresas o de quienes tienen estructuras contables complejas, la persona que está en nómina no tiene escapatoria fiscal: Cobro anticipado: El impuesto se retiene antes de recibir el sueldo. Cero margen de maniobra: No puede ocultar ingresos ni decidir en qué momento pagar. Deducciones limitadas: No cuenta con los mecanismos para diferir impuestos o hacer planeación financiera como lo hace alguien con ingresos de capital.
En la práctica, esto convierte al asalariado en el blanco más cómodo, seguro y predecible para la recaudación.
Esa facilidad administrativa ha terminado creando una tensión: el Estado recauda de manera relativamente eficiente sobre quienes están registrados, mientras una parte enorme de la economía permanece en la informalidad o utiliza mecanismos para pagar menos.
Por eso la propuesta toca una fibra sensible. No solo promete más dinero disponible para trabajadores, sino que también cuestiona si el sistema fiscal mexicano está siendo justo con quienes sí cumplen.
El problema es que aliviar a los contribuyentes cautivos sin ampliar la base fiscal puede terminar cargando el costo en otro lado.
Lo que la propuesta todavía no responde.
Para evaluar en serio la reforma hacen falta respuestas que no caben en un tuit.
Primero: ¿el beneficio sería para todo ingreso menor a 20 mil pesos o solo para una parte equivalente al mínimo vital? La diferencia es enorme. No es lo mismo exentar totalmente a quien gana menos de 20 mil que permitir una deducción o exención parcial aplicable a todos los trabajadores.
Segundo: ¿qué pasaría con quien gana apenas más del umbral? Si alguien gana 19 mil 900 pesos y no paga ISR, pero alguien que gana 20 mil 100 sí paga, se puede generar una distorsión. El sistema tendría que diseñarse con cuidado para evitar brincos injustos o incentivos raros en la nómina.
Tercero: ¿cómo se actualizaría el mínimo vital? Si se fija una cantidad en pesos, la inflación puede volverla obsoleta. Si se vincula al salario mínimo, puede tener efectos presupuestales cada vez que suba. Si se vincula a la canasta básica, habría que definir con qué metodología.
Cuarto: ¿cómo se compensaría la pérdida de ingresos? Esta es la pregunta central. Sin una estimación oficial de costo fiscal y sin una fuente clara de compensación, la propuesta queda incompleta.
“Una política pública sin presupuesto no es política pública, es pura demagogia.” — Mariana Campos, directora de México Evalúa
La otra parte del debate: cobrar arriba.
La discusión no ocurre en el vacío. En paralelo, legisladores aliados de Morena (PT) han empujado propuestas para gravar grandes patrimonios o grandes fortunas.
La lógica es opuesta a la del ISR bajo: cobrar menos a quienes viven de su salario y cobrar más a quienes concentran riqueza.
Esa idea también tiene un argumento de fondo: México recauda poco para el tamaño de sus necesidades públicas y tiene una alta concentración de riqueza. Si el país quiere financiar derechos, infraestructura, salud, seguridad y pensiones, necesita discutir no solo cuánto recauda, sino de quién lo recauda.
Pero los impuestos al patrimonio también son complejos.
No basta con decir “que paguen los ricos”. Hay que definir qué cuenta como patrimonio, cómo se valúan empresas privadas, terrenos, acciones, fideicomisos, activos en el extranjero, herencias y participaciones familiares. También hay que evitar que una mala redacción produzca litigios interminables, simulación patrimonial o fuga de capitales.
La progresividad fiscal es necesaria, pero el diseño técnico también. Tampoco se vale gravar por gravar a quienes si producen capital.
Trabajadores informales en Monclova, Coahuila.
La reforma real de fondo.
Aunque la propuesta del ISR ha generado ruido, el gobierno federal ha seguido otra ruta fiscal en los últimos años: no presentar una gran reforma integral, sino recaudar más mediante fiscalización, combate a la evasión, aduanas, factureras, plataformas digitales, ajustes al IEPS y mayor control administrativo.
Esa estrategia tiene una ventaja política: evita anunciar un aumento generalizado de impuestos, pero también tiene un límite: puede terminar exprimiendo más a los mismos contribuyentes de siempre si no logra incorporar a quienes hoy están fuera del sistema o pagan muy por debajo de su capacidad real.
Ese es el dilema fiscal mexicano.
El país necesita más ingresos, pero tiene una sociedad cansada de pagar sin recibir servicios públicos proporcionales. Queremos mejores hospitales, seguridad, carreteras, escuelas y transporte, pero desconfiamos del uso del dinero público. Queremos justicia social, pero también tememos que cada reforma termine castigando a quienes ya cumplen.
Por eso una reforma fiscal seria no puede ser solo una lista de impuestos. Tiene que responder una pregunta política más profunda: qué Estado quiere financiar México y quién debe pagarlo. Ah, claro... y no olvidarse de que un gran porcentaje de la poblacion sigue sin contribuir por encontrarse en la informalidad.
Cualquier reforma fiscal que ignore a este 54.8% y se limite a ajustar las tasas y retenciones de quienes ya tributan, no resuelve el déficit estructural: solo sigue exprimiendo a los mismos de siempre.
La pregunta que sí vale la pena hacer.
La propuesta de Morena puede leerse de dos maneras. Como promesa electoral, es potente: menos ISR para quienes ganan menos de 20 mil pesos. Como política fiscal, todavía está incompleta: falta saber cuánto costaría, cómo se aplicaría, cómo evitaría distorsiones y con qué ingresos se compensaría.
Eso no significa que deba descartarse, pero si que debe discutirse con más rigor.
Muchos trabajadores formales en México no son pobres extremos, pero tampoco viven con holgura. Pagan impuestos, transporte, renta o crédito, comida cara, pagan servicios privados cuando el sistema público falla y muchas veces cargan con familiares que dependen de ellos. Para ese grupo, pagar menos ISR no es un lujo, porque si puede ser un alivio real.
También hay otra verdad: un Estado que recauda menos sin rediseñar su sistema fiscal puede terminar debilitando los mismos servicios que esos trabajadores necesitan.
Ahí está el centro del debate.
¿Será que México puede construir un sistema fiscal menos cargado sobre la nómina, más firme frente a la evasión y más proporcional frente a la riqueza?
La reforma no debería medirse por lo bien que suena.
Debería medirse por su capacidad de responder tres preguntas: a quién alivia, a quién le cobra y qué Estado financia.
Morena puso sobre la mesa una propuesta de reforma fiscal.