México gasta cada vez más en pensiones. El dinero no se distribuye igual.
Autor: Vera Redacción
Las pensiones contributivas del IMSS y del ISSSTE se concentran en los hogares de mayores ingresos. La pensión universal para adultos mayores se reparte de forma más pareja, aunque también alcanza a quienes están en la parte alta de la distribución.
México destina una porción creciente de su presupuesto a pagar pensiones.
La discusión suele concentrarse en el costo, pero hay otra pregunta igual de importante: ¿quién recibe ese dinero?
Los datos de la Secretaría de Hacienda muestran dos sistemas muy distintos.
Por un lado están las pensiones contributivas del IMSS y del ISSSTE. Dependen de una vida de trabajo formal, de los años cotizados y del salario registrado.
Por otro lado está la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. No exige haber cotizado y se entrega de manera universal a partir de los 65 años.
La diferencia entre ambos modelos ayuda a explicar una de las desigualdades más profundas del sistema mexicano.
Quienes tuvieron un empleo estable, formal y mejor remunerado pueden llegar a la vejez con una pensión contributiva respaldada parcialmente con recursos públicos.
Quienes pasaron buena parte de su vida laboral en la informalidad, con bajos salarios o sin seguridad social, dependen principalmente de la pensión universal.
Las pensiones contributivas cargan con la desigualdad del mercado laboral. La reproducen después del retiro.
Casi 65% del gasto del IMSS se concentra arriba.
En 2024, los hogares de los deciles VIII, IX y X —el 30% con mayores ingresos— concentraron 64.8% del gasto público en pensiones contributivas para personas afiliadas al IMSS. El decil X recibió 27.8%. El IX concentró 20.9%. El VIII, 16.1%.
En el otro extremo, los primeros cuatro deciles, que representan al 40% de hogares con menores ingresos, recibieron apenas 7.9% del gasto.
Hubo una mejora frente a 2022.
Ese año, el decil X concentraba 36.6% del gasto del IMSS y los últimos tres deciles reunían 70.8%. Para 2024, la participación del grupo más alto cayó casi nueve puntos porcentuales y aumentó la de los sectores intermedios.
Aun así, el patrón permanece.
Casi dos de cada tres pesos se concentran en el 30% de hogares con mayor ingreso.
Hacienda ofrece una explicación directa: el acceso a una pensión contributiva está vinculado con la formalidad laboral. La afiliación a instituciones públicas aumenta conforme se avanza hacia los deciles de mayores ingresos, donde existe una proporción más alta de personas con empleo formal y seguridad social.
Eso no significa que todas las personas pensionadas por el IMSS sean ricas.
Los deciles ordenan a los hogares según su ingreso actual. La propia pensión forma parte de ese ingreso. En algunos casos, una persona aparece en un decil alto precisamente porque recibe una jubilación.
También conviene precisar qué mide la gráfica.
No representa únicamente un subsidio directo del gobierno. Las pensiones contributivas se financian mediante aportaciones de trabajadores, patrones y recursos públicos.
Lo que muestra es cómo se distribuye entre los hogares el gasto asociado con esos beneficios.
Fuente: Secretaría de Hacienda, cálculos con base en la ENIGH 2024.
El ISSSTE está todavía más concentrado.
El caso del ISSSTE federal presenta una concentración más marcada.
En las gráficas de Hacienda, los primeros deciles prácticamente desaparecen. La mayor parte del gasto se acumula en los deciles IX y X.
Para 2024, el decil X recibió alrededor de 36% y el IX cerca de 26%. Entre ambos concentraron más de 60% del gasto.
El resultado está ligado a la estructura del empleo público federal y a las reglas históricas del sistema.
Quienes llegaron a jubilarse después de una carrera estable en el Estado acumularon, por lo general, más años de cotización y mejores salarios que la mayoría de quienes trabajaron en la informalidad.
También hay una brecha entre generaciones.
Una parte importante del gasto actual corresponde a sistemas de beneficio definido, donde la pensión se calcula a partir del salario y los años de servicio, y no solo con base en el ahorro acumulado por cada trabajador.
El propio gobierno ha reconocido que dentro del ISSSTE existen pensiones que rebasan los límites legales.
En enero de 2025, el director del instituto, Martí Batres, presentó un plan que incluye revisar las pensiones superiores al límite máximo legal para ajustarlas o cancelarlas, además de estudiar mecanismos para mejorar las pensiones más bajas.
El ISSSTE había identificado alrededor de ocho mil pensiones por encima del máximo permitido. Algunas superaban los 300 mil pesos mensuales, según lo expuesto por Batres en una conferencia presidencial.
Esas pensiones extraordinarias no explican por sí solas toda la concentración.
Sí muestran, sin embargo, que la desigualdad también existe dentro de los propios sistemas contributivos.
Aproximaciones visuales. Fuente: Secretaría de Hacienda, cálculos con base en la ENIGH 2024.
La pensión universal cambia la distribución.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se comporta de otra manera.
En 2024, ningún decil recibió por sí solo más de 12% del gasto del programa. El decil I obtuvo 7.4%. El VII, que fue el de mayor participación, recibió 11.8%. El decil X concentró 8.7%. Los últimos tres deciles sumaron 29.7%.
Esa cifra requiere contexto.
El programa es universal. No está diseñado para concentrar el dinero exclusivamente en los hogares pobres, sino para llegar a todas las personas mayores de 65 años, sin importar su ingreso o si ya cuentan con otra pensión.
Por eso, una distribución cercana al peso de cada decil es consistente con su diseño.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido esa universalidad como una forma de reconocimiento. En marzo de 2025 afirmó que la pensión representa un reconocimiento a “toda una vida de esfuerzo por su familia, su comunidad y su nación”, y recordó que se trata de un derecho constitucional.
La definición política importa.
Si el programa fuera únicamente una estrategia focalizada para combatir la pobreza, entregar casi 30% del gasto a los hogares de mayores ingresos sería difícil de justificar, pero el objetivo declarado es distinto: reconocer un derecho universal.
La tensión fiscal permanece.
A medida que crece el número de personas adultas mayores y aumenta el monto de la transferencia, también crece el costo de entregar el mismo beneficio a quien tiene una pensión alta y a quien no cuenta con ningún otro ingreso.
Fuente: Secretaría de Hacienda, cálculos con base en la ENIGH 2024.
La comparación más clara es esta: IMSS: casi 65 de cada 100 pesos llegan a los tres deciles superiores. ISSSTE: aproximadamente 79 de cada 100 pesos. Pensión universal: cerca de 30 de cada 100 pesos, prácticamente el peso demográfico de ese 30% de hogares.
El contraste importa también por escala: solo la pensión universal tuvo en 2024 un presupuesto aprobado de alrededor de 465 mil millones de pesos, de modo que su diseño distributivo tiene un impacto fiscal considerable.
En el campo, el programa sí es progresivo.
El promedio nacional esconde otra diferencia.
En 2024, el coeficiente de concentración de la pensión para adultos mayores fue de 0.03 a nivel nacional. Un valor cercano a cero indica una distribución relativamente uniforme entre los distintos niveles de ingreso.
En las localidades rurales, el coeficiente fue de -0.32.
Ahí el programa sí es claramente progresivo: beneficia en mayor proporción a los hogares de menores ingresos.
En las zonas urbanas, en cambio, el coeficiente fue de 0.13, lo que muestra una ligera concentración hacia hogares con ingresos más altos.
Las reglas del programa son las mismas.
Lo que cambia es la composición de la población.
En el campo, una proporción mayor de adultos mayores vive en hogares de bajos ingresos y tuvo menos acceso a empleos con seguridad social.
En las ciudades hay más personas jubiladas por el IMSS o el ISSSTE que, además de su pensión contributiva, reciben la transferencia universal.
El mismo programa produce resultados distintos según el territorio.
El gasto seguirá creciendo.
La presión presupuestaria no va a disminuir pronto.
El gasto crece por varias razones al mismo tiempo: envejecimiento de la población, maduración de los sistemas contributivos, obligaciones adquiridas con generaciones anteriores y expansión de los derechos universales.
No todos esos componentes tienen el mismo objetivo ni la misma distribución.
Las pensiones contributivas responden a derechos laborales acumulados durante décadas.
Las no contributivas buscan garantizar un ingreso básico en la vejez.
Ambas presionan el presupuesto... Y ambas seguirán creciendo.
El presupuesto sí redistribuye, pero no todas sus partes.
Mirado en conjunto, el sistema fiscal mexicano reduce desigualdad.
Los hogares de mayores ingresos aportan una parte desproporcionada de la recaudación, especialmente mediante el ISR.
Al mismo tiempo, programas como las becas de educación básica, algunos apoyos productivos y los servicios para población sin seguridad social benefician más a los hogares de menores ingresos.
El informe de Hacienda basado en la ENIGH 2022 encontró que las transferencias gubernamentales aumentaban 13.8% el ingreso del primer decil, frente a solo 1.7% en el décimo. También mostró que la educación básica, la media superior y varios programas sociales tenían distribuciones progresivas.
Las pensiones contributivas se apartan de ese patrón.
No fueron diseñadas como programas para combatir la pobreza. Son derechos derivados del trabajo y de las aportaciones realizadas durante la vida laboral.
Pero su costo tampoco se cubre únicamente con el ahorro individual.
Una parte creciente se financia con ingresos generales del gobierno.
Ahí aparece el problema distributivo.
Cuando el Estado completa el financiamiento de pensiones vinculadas con salarios relativamente altos, utiliza recursos de toda la población para sostener beneficios concentrados entre quienes tuvieron acceso a mejores empleos.
Mientras tanto, millones de personas que trabajaron sin contrato, sin cotización suficiente o con salarios bajos llegan a la vejez con una transferencia universal mucho menor.
Nadie cuestiona que una persona jubilada reciba la pensión que le corresponde conforme a la ley.
La discusión está en otro lado.
México construyó sistemas de protección muy distintos para trayectorias laborales muy distintas. Ahora debe financiarlos con un mismo presupuesto.
El reto consiste en ampliar la seguridad económica en la vejez sin seguir trasladando al gasto público las desigualdades acumuladas durante toda la vida laboral.