México redujo casi a la mitad los homicidios. La cifra es real; su explicación todavía no.
Autor: Vera Redacción
Junio de 2026 registró el promedio diario más bajo en más de una década. La caída aparece incluso cuando se elimina la comparación favorita del Gobierno, pero aún falta la confirmación definitiva del INEGI y saber qué ocurrió dentro de los estados que movieron el promedio nacional.
En septiembre de 2024 fueron asesinadas, en promedio, 86.9 personas cada día en México. En junio de 2026 fueron 45.4.
La diferencia es enorme: 41 homicidios diarios menos, una reducción de 48% en 21 meses. El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el dato como “vidas salvadas” y como resultado de su Estrategia Nacional de Seguridad.
La primera afirmación es verificable: las fiscalías registraron muchos menos homicidios.
La segunda —que esas personas están vivas gracias a una política determinada— requiere más evidencia. Una estadística puede contar las muertes que ocurrieron, pero no identifica por sí misma qué impidió las que no ocurrieron.
La disminución, sin embargo, no desaparece al someterla a comparaciones menos favorables para el Gobierno.
Junio de 2025 había cerrado con aproximadamente 65.6 homicidios diarios. Un año después fueron 45.4: una reducción cercana a 31%. El primer semestre de 2026 promedió 49.7 víctimas diarias, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2016. Además, 29 de las 32 entidades redujeron su promedio respecto del primer semestre de 2025.
El descenso, por tanto, no existe solamente porque Palacio Nacional escogió como punto de partida un mes particularmente violento. El 48% es la comparación más espectacular; la caída interanual, más comparable, también es considerable.
La conclusión provisional es incómoda para ambos extremos del debate: el Gobierno tiene razones para presumir una reducción extraordinaria, pero todavía no tiene elementos suficientes para afirmar que México redujo en la misma proporción toda su violencia ni el poder de sus organizaciones criminales.
El truco no está necesariamente en la cifra, sino en lo que se afirma a partir de ella.
El 14 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la reducción representaba 41 homicidios menos cada día y, por tanto, “vidas que no se perdieron”.
Matemáticamente es correcto decir que hubo 41 víctimas diarias menos que en septiembre de 2024. Pero “vidas salvadas” es una conclusión causal.
Para sostenerla sería necesario responder qué habría sucedido sin la estrategia gubernamental. Algunos homicidios pudieron evitarse por detenciones, inteligencia o presencia policial. Otros pudieron disminuir porque terminó una guerra local, una organización criminal derrotó a sus rivales, hubo una tregua, cambió el mercado ilegal o las víctimas fueron ocultadas.
Todas esas posibilidades producen el mismo resultado estadístico: menos cuerpos registrados como homicidio.
La cifra dice que disminuyeron los asesinatos conocidos. Todavía no dice por qué.
México tiene más de una forma de contar a sus muertos.
Una parte importante de la confusión proviene de que el país no cuenta con una sola estadística de homicidios. Existen sistemas diferentes, construidos para propósitos distintos.
Las tres formas de contar homicidios en México.
La reducción presentada esta semana corresponde a la información de víctimas de homicidio doloso recopilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es mucho más sólida que el conteo diario utilizado para seguimiento inmediato, pero todavía depende de los registros enviados por las fiscalías estatales.
INEGI construye otra estadística. Su principal instrumento es el certificado de defunción y complementa la información con registros civiles, servicios médicos forenses y agencias del Ministerio Público. Además, realiza confrontas con la Secretaría de Salud antes de publicar los resultados definitivos.
No son cifras contradictorias: observan el mismo fenómeno desde sistemas distintos.
El SESNSP pregunta cuántas víctimas aparecen en investigaciones penales. INEGI pregunta cuántas defunciones fueron registradas como resultado de una agresión.
La primera comprobación independiente ya encontró una disminución.
La última fotografía anual disponible de INEGI no era favorable al cierre del sexenio anterior.
Durante 2024 se registraron preliminarmente 33 mil 241 presuntos homicidios, con una tasa de 25.6 por cada 100 mil habitantes. La tasa fue superior a la definitiva de 2023, de 24.9. Es decir, el último año completo antes de que comenzara la caída reciente terminó con un incremento, no con una disminución.
Pero los primeros datos de 2025 sí muestran un cambio.
INEGI registró preliminarmente 14 mil 488 homicidios durante el primer semestre de 2025. La tasa fue de 11.1 por cada 100 mil habitantes, frente a 12.6 durante el mismo periodo de 2024. La reducción de la tasa fue de aproximadamente 12%.
Esto importa porque la caída comenzó a aparecer no solamente en las carpetas reportadas al SESNSP, sino también en los certificados y registros de defunción.
Todavía existe un límite decisivo: INEGI no ha publicado los resultados de 2026. La próxima actualización de homicidios, correspondiente a todo 2025, está programada para el 3 de agosto de 2026. La verificación del año en el que se profundizó la caída llegará después.
Hasta entonces, puede afirmarse que INEGI confirmó la dirección inicial del descenso en 2025, pero no todavía la magnitud extraordinaria reportada para junio de 2026.
Junio no es toda la historia.
Comparar septiembre de 2024 con junio de 2026 produce una imagen verdadera, pero incompleta.
Septiembre fue el último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el comienzo de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Utilizarlo como origen político y estadístico permite atribuir toda la diferencia al nuevo gobierno, aunque parte del punto de partida estuvo afectada por una explosión regional de violencia.
Por eso deben observarse varias comparaciones:
Cuatro comparaciones, cuatro lecturas de la misma caída.
La comparación interanual elimina buena parte de la objeción sobre el mes escogido. Aun así, el descenso sigue siendo de alrededor de una tercera parte.
No es una diferencia menor ni un ajuste estadístico marginal.
La caída nacional tiene domicilios concretos.
Ocho entidades concentraron 54% de los homicidios registrados durante el primer semestre de 2026: Guanajuato: 8.8%. Baja California: 8.1%. Chihuahua: 7.8%. Sinaloa: 7%. Estado de México: 5.9%. Guerrero: 5.6%. Morelos: 5.5%. Veracruz: 5%.
La concentración revela dos historias simultáneas.
México continúa teniendo corredores de violencia extremadamente definidos. Pero varios de los estados que más pesan en el total también registraron reducciones suficientemente grandes para arrastrar hacia abajo el promedio nacional.
Guanajuato, por ejemplo, redujo 50.9% su promedio diario al comparar los primeros semestres de 2025 y 2026. Nuevo León bajó 50.6%; Zacatecas, 61.8%; Quintana Roo, 60.1%; Nayarit, 59.1%, y San Luis Potosí, 81.7%.
La siguiente pregunta ya no es si bajó el país, sino cuánto de la caída nacional puede atribuirse a cada entidad y, dentro de ellas, a qué municipios.
Una reducción extendida entre decenas de ciudades sugeriría un cambio estructural. Una caída concentrada en unos cuantos escenarios podría reflejar el final temporal de guerras criminales específicas.
Menos homicidios no significa automáticamente menos control criminal.
Un cártel puede matar menos después de perder territorio, pero también después de ganarlo.
Cuando dos organizaciones disputan una ciudad, los cadáveres funcionan como amenazas, propaganda y señales para el adversario. Cuando una facción consigue imponerse, puede necesitar menos violencia pública para conservar el control.
La extorsión, el reclutamiento, el tráfico de personas, la corrupción policial y el cobro de piso pueden continuar sin producir decenas de cadáveres cada semana.
La estadística del homicidio mide violencia letal conocida. No mide directamente poder criminal, dominio territorial o libertad de la población.
Por eso la caída debe contrastarse posteriormente con desapariciones, extorsiones, desplazamiento, ataques contra policías, cierres de negocios y percepción de inseguridad. No para sumar todos esos fenómenos como si fueran equivalentes, sino para saber qué clase de pacificación está ocurriendo.
El propio reporte federal aporta una señal favorable: entre los primeros semestres de 2025 y 2026 también disminuyeron el secuestro, 26.6%; las lesiones dolosas por arma de fuego, 9.1%; el feminicidio, 10.7%, y la extorsión denunciada, 6.1%.
El problema es que estas categorías presentan cifras negras diferentes. Que las carpetas bajen no permite saber automáticamente si disminuyó el delito o la capacidad de denunciarlo.
Entonces, ¿bajaron los homicidios?
Sí.
Con la información disponible al 15 de julio de 2026, la reducción es demasiado grande, demasiado extendida y suficientemente persistente para descartarla como una simple selección engañosa de fechas.
La caída aparece en el SESNSP, resiste la comparación de junio contra junio y comenzó a aparecer en las estadísticas de defunciones del INEGI durante 2025.
Lo que todavía no puede sostenerse es que México sea 48% más seguro, que el poder criminal haya disminuido en la misma proporción o que las 41 víctimas diarias de diferencia hayan sido salvadas directamente por la estrategia federal.
La cifra oficial no parece falsa. Lo que está en disputa es su significado.
México está registrando muchos menos homicidios. Ahora falta descubrir qué produjo la caída, qué estados la explican y qué ocurrió con las demás formas de violencia que no caben en esa cifra.