Red facturera de 12 mil mdp toca a Coahuila: lo que se sabe del caso “El Caballito”
Autor: Gerardo Garza Castilla
La Fiscalía General de la República presentó el caso como un golpe nacional contra una red de factureros..
¿Este operativo terminará en castigo real contra una estructura de evasión organizada o será otro expediente millonario que se queda en la fotografía de los cateos?
El pasado 29 de mayo, la FGR informó el desmantelamiento de una organización identificada como “Del Caballito”, señalada por presuntamente dedicarse al lavado de dinero, la evasión fiscal y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
El caso no es menor.
De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, el operativo involucró a 440 elementos y se ejecutó en 30 inmuebles ubicados en nueve estados del país: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
El saldo inicial fue de ocho personas detenidas, entre ellas dos señaladas como posibles líderes de la red. También se reportó el aseguramiento de 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas y dinero en distintas divisas.
Días después, la dimensión del caso creció: la red habría generado facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos.
Durante diversas diligencias, ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”.
Cómo operaba la red, según la FGR.
La organización no funcionaba como una empresa común.
Según la versión federal, sus integrantes se acercaban a empresas reales para ofrecerles mecanismos de evasión fiscal. En términos simples: les vendían facturas para simular operaciones que no existían.
El esquema habría operado a través de despachos, empresas fachada y asociaciones civiles. Estas entidades emitían comprobantes fiscales por servicios o actividades inexistentes, recibían dinero bajo conceptos simulados y después redistribuían los recursos.
Con eso, las empresas beneficiadas podían reducir artificialmente su carga fiscal.
La red, a su vez, ayudaba a ocultar el origen y destino del dinero.
La FGR identificó al menos 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas como fachada. Sus domicilios fiscales se ubican principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Ese dato es importante para Coahuila: el estado aparece dentro del operativo nacional, pero no como domicilio fiscal principal de las empresas fachada señaladas hasta ahora por la autoridad.
Coahuila aparece en el mapa, pero falta saber cómo.
Coahuila fue incluido entre los estados donde se realizaron diligencias dentro del operativo federal contra “Del Caballito”.
Pero hasta ahora la FGR no ha aclarado qué ocurrió específicamente en el estado. No ha detallado cuántos de los inmuebles cateados estaban en Coahuila. No ha informado en qué municipio o municipios se realizaron las diligencias. No ha precisado si hubo bienes asegurados en la entidad.
La FGR tampoco ha revelado si alguna empresa coahuilense fue cliente, beneficiaria o parte de la estructura investigada, y no hay información pública que permita afirmar que alguno de los ocho detenidos fue capturado en Coahuila.
En otras palabras, Coahuila aparece dentro del despliegue nacional, pero el alcance local del caso sigue sin explicación pública.
Por lo tanto, no se puede afirmar, con lo disponible hasta ahora, que una red de factureros operaba desde Coahuila.
Lo que sí se puede decir es que Coahuila fue parte del mapa inicial del operativo y que la autoridad federal aún no ha explicado por qué.
¿Ya hay factureros en la cárcel?
Este es el punto más delicado.
Las ocho personas detenidas fueron presentadas como presuntas integrantes de la red. Sin embargo, una detención no es una sentencia.
En México, el Código Fiscal de la Federación contempla penas de prisión para quien expida, venda, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Pero entre una acusación y una condena hay un proceso judicial.
Ese será el verdadero examen del caso “El Caballito”: si la FGR logra sostener las imputaciones, probar la estructura, identificar a los beneficiarios reales, recuperar parte del daño y obtener sentencias.
México lleva años hablando de factureras.
El SAT tiene listados públicos de contribuyentes vinculados con operaciones presuntamente inexistentes. La autoridad fiscal ha documentado miles de casos. Pero una cosa es aparecer en una lista administrativa y otra muy distinta es que una estructura termine con consecuencias penales proporcionales al daño causado.
El caso “El Caballito” puede convertirse en precedente, o puede convertirse en otro expediente grande, con nombres reservados, bienes asegurados y pocas respuestas públicas.
Una factura falsa no es solo un papel.
El problema de las factureras no es únicamente fiscal.
Cuando una empresa compra una factura falsa, puede deducir gastos que no existieron, reducir impuestos, justificar salidas de dinero y construir una apariencia legal para recursos que no tienen una operación real detrás.
Por eso estos esquemas son especialmente graves.
Una factura falsa puede servir para evadir impuestos, pero también para lavar dinero, simular servicios, encubrir desvíos y mover recursos entre empresas, despachos, prestanombres y beneficiarios finales.
En otras palabras: la factura falsa suele ser el documento mínimo de una red mucho más grande.
Las preguntas que quedan abiertas.
El caso deja una primera pregunta nacional: ¿quiénes eran las empresas reales que contrataron los servicios de la red?
Hasta ahora, la FGR ha hablado de empresas beneficiadas, pero no ha hecho pública una lista de clientes.
También deja una pregunta económica: ¿cuánto dinero podrá recuperar el Estado?
Si el monto de facturación falsa supera los 12 mil millones de pesos, el éxito del caso no debería medirse solo por el número de detenidos, sino por la reparación del daño, los decomisos, los créditos fiscales y la recuperación efectiva para la Hacienda pública.
Y deja una pregunta local: ¿qué parte del expediente toca a Coahuila?
Si el estado fue incluido en el operativo, la ciudadanía tiene derecho a saber si hubo cateos, dónde fueron, qué se aseguró y si existen empresas locales bajo investigación.
Hasta ahora, la FGR no lo ha aclarado.
Nuestra lectura del caso.
El operativo contra “Del Caballito” puede ser uno de los golpes más visibles contra redes factureras en los últimos años.
Pero el anuncio no basta.
La diferencia entre un operativo y una política real de justicia fiscal está en lo que pase después.
Si la FGR logra sostener el caso ante tribunales, identificar a las empresas beneficiadas y recuperar parte del daño, este expediente podría marcar un precedente.
Si no, quedará como otra fotografía de cateos, nombres reservados y millones presuntamente evadidos.
Para Coahuila, la historia apenas empieza.
El estado apareció en el mapa de una investigación nacional contra una red que habría emitido más de 12 mil millones de pesos en facturas falsas.
Lo que falta saber es por qué.
Y esa respuesta no debería quedarse en reserva.
Fuentes: https://www.infobae.com/mexico/2026/05/29/fgr-desmantela-red-de-lavado-de-dinero-y-facturas-falsas-del-caballito-hay-8-detenidos https://www.reforma.com/defraudo-red-de-el-caballito-al-fisco-con-12-mmdp-fgr/ar3214699 https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2026/5/29/fgr-desmantela-el-caballito-una-red-de-lavado-de-dinero-venta-de-facturas-375027.html